AVA-Asaja ha reclamado a la Conselleria de Agricultura un plan de choque urgente que asegure la supervivencia de la viticultura en la Comunitat Valenciana, con apoyo del Gobierno español y de la Unión Europea, para sostener a corto plazo a los productores de uva y garantizar la viabilidad económica del sector en las próximas campañas.
La organización agraria ha recordado que presentó hace tres meses una petición formal para poner en marcha ayudas al arranque voluntario de viñedos. Esta medida permitiría a los agricultores de más edad dejar la actividad y acceder a una jubilación digna. Además, ayudaría a ajustar la oferta de uva a una demanda que se ha reducido de manera notable.
Según AVA-Asaja, esta falta de respuesta de la Conselleria está agravando la incertidumbre entre los viticultores. Muchos de ellos dudan sobre si seguir invirtiendo en sus explotaciones o abandonar definitivamente las parcelas, ante unos ingresos cada vez más insuficientes.
Control de precios y cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria
Entre las reivindicaciones más urgentes, la asociación ha pedido intensificar la vigilancia sobre la cadena de valor del vino y del cava. El objetivo es que se cumpla de forma estricta la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, es decir, por debajo de los costes de producción.
AVA-Asaja ha denunciado que, en la mayoría de las operaciones actuales, los precios no cubren los costes reales de cultivar uva. Por ello, reclama la apertura de expedientes sancionadores cuando se detecten prácticas comerciales presuntamente ilegales, especialmente en la contratación y en las relaciones con bodegas e intermediarios.
La organización ha pedido también a la Generalitat un estudio oficial sobre los costes de producción de la uva destinada a vino y cava en la Comunitat Valenciana. Otras comunidades autónomas ya han elaborado estos análisis y, según la entidad, son una herramienta clave para demostrar en qué medida las cotizaciones actuales no alcanzan a cubrir los gastos crecientes de los viticultores.
AVA-Asaja ha defendido además la necesidad de introducir ventajas fiscales específicas. Estas medidas, a su juicio, ayudarían a aliviar las pérdidas acumuladas por los agricultores en las últimas campañas, marcadas por costes al alza y precios de venta muy bajos.
El responsable comarcal de Utiel-Requena de AVA-Asaja, Luis Julián, que también cultiva almendro y olivar, ha descrito la situación con contundencia. ‘No se puede continuar produciendo mientras perdemos dinero’, ha denunciado.
Julián ha asegurado que ‘el sector está arruinado completamente‘. Ha explicado que ‘no hay precio ni en el vino ni en sus subproductos’ y que ‘en estos momentos los costes de los carburantes y los abonos están por las nubes’. Según ha advertido, ‘sin ingresos, no se puede contratar mano de obra’ y ‘muchas familias lo están pasando muy mal y van a abandonar sus campos’.
A su juicio, ‘si la Administración no demuestra su sensibilidad en un momento tan grave como este, acabaremos teniendo un desierto en el interior de la Comunitat Valenciana’. Con esta expresión ha querido alertar del riesgo de despoblación y abandono masivo de tierras si no se adoptan medidas inmediatas.
Ayudas al cereal de secano
En paralelo a sus reclamaciones para la viticultura, AVA-Asaja ha valorado positivamente la ayuda de hasta 100 euros por hectárea aprobada por la Conselleria de Agricultura para los cerealistas de secano. Esta medida se ha articulado mediante el Decreto 180/2026 para compensar las pérdidas causadas por las restricciones durante la situación de emergencia por riesgo extremo de incendios forestales en 2026.
La asociación ha recordado que esta ayuda responde a una reivindicación suya. Ha destacado que ‘ha estado colaborando estrechamente’ con el equipo directivo y técnico de Miguel Barrachina para sacar adelante este apoyo al sector cerealista tras una campaña especialmente negativa.
No obstante, AVA-Asaja ha lamentado que todavía no exista una compensación directa por parte de la Conselleria de Medio Ambiente para los cerealistas que no pudieron cosechar. Las limitaciones asociadas al nivel 3 de riesgo de incendios impidieron recoger parte de la producción, y la entidad considera que estos agricultores necesitan una respuesta específica a esas pérdidas.



