Representantes de CSIF, Acaip-UGT y CCOO de la Junta de Personal de los Servicios Periféricos de la Administración General del Estado de la provincia de Alicante han denunciado hoy que la unidad de madres dependiente del Centro Penitenciario de Fontcalent se va a poner en marcha obligatoriamente sin mayor dotación de personal, ya que así se indica en la publicación en el BOE el pasado 11 de julio de la creación de dicha unidad.
Los representantes sindicales han destacado que “nos encontramos que para afrontar un día normal con las unidades abiertas a día de hoy, trabajan 166 empleados públicos, de los cuales 31 son del área de interior, que de forma precaria atienden a una población reclusa de más de 840 internos. Sin embargo, para poder afrontar un día con las garantías y seguridad necesarias harían falta 212 efectivos, de los cuales 51 serían del área de interior o vigilancia. Esto implica que, según datos aportados por la propia Dirección del centro, para afrontar todas las eventualidades y poder mantener un servicio de calidad que garantice la importante labor de reinserción y reeducación que la Constitución encomienda al personal penitenciario, la RPT del centro debe incrementarse en 91 efectivos”
Por ello, desde la Junta de Personal se ha aprobado por unanimidad solicitar la paralización de la apertura de la unidad de madres, la actualización de la RPT del centro para adecuarla a las necesidades reales del mismo y la reasignación de prácticos de la última promoción para aumentar provisionalmente la plantilla y poder, al menos, abrir el módulo de aislamiento que hoy por hoy debe ser lo prioritario, ya que esto eliminaría muchas de las últimas situaciones violentas que se han registrado en el centro. Además, la Junta de Personal aprobó por mayoría con los votos favorables de Acaip-UGT y CCOO y con la abstención de CSIF y CGT solicitar el cese del director por su gestión en materia de personal.
La apertura de la unidad de madres en las condiciones en las que se encuentra el centro penitenciario es una irresponsabilidad, y más teniendo en cuenta que no debe ser prioritario, ya que existe una unidad de madres a pleno funcionamiento en Picassent que cubre esta necesidad.
Los representantes de la Junta de Personal entienden que esta apertura atiende más a una decisión política que a una necesidad funcional, ya que debería ser prioritario garantizar la seguridad del centro y su funcionalidad con la apertura de los módulos residenciales cerrados y el módulo de aislamiento y, de esta manera, favorecer las labores de reinserción y reeducación, que no una unidad cuyas necesidades están cubiertas.
