La Diputación de Alicante lleva al pleno la repulsa por la sentencia contra La Manada

La institución alicantina insta al Congreso de los Diputados a que reflexione con respecto al Código Penal que no protege a las mujeres de las violaciones ni de múltiples expresiones de violencia

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La Manada Diario de Alicante
Josep Manel Sánchez

El pleno ordinario de la Diputación de Alicante estuvo marcado por las discrepancias en las mociones traídas por Izquierda Unida y Compromís, en cuanto a la solidaridad con el pueblo saharaui, la violencia de género y el fallo de la sentencia contra La Manada. La propuesta de solidaridad con el pueblo saharaui se convirtió en un discurso de dos, por un lado la diputada de la Ciudadanía del Partido Popular, Mercedes Alonso, que veía una propuesta pretenciosa, ya que, cualquier diálogo que tuviera que ver con políticas internacionales le correspondía a otra institución y no a la Diputación Alicantina y, tan sólo, estaba de acuerdo con el punto de ayudar a asociaciones afincadas en la provincia para traer niños saharauis en vacaciones, motivo que provocó su desacuerdo con la diputada de Esquerra Unida, Raquel Pérez, ya que veía que se modificaba una propuesta que tenía que ver con el reconocimiento de un pueblo sometido por Marruecos.

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Josep Manel Sánchez

El rechazo contra la sentencia de los miembros de La Manada también provocó una discrepancia entre los miembros del hemiciclo. La diputada de EUPV, Raquel Pérez pedía  una modificación del Código Penal sobre este tipo de sentencias. El portavoz de Compromís, José Manuel Penalva, dijo que “la justicia emana del pueblo, cuando el pueblo no entiende la justicia, algo falla”, por ello apeló al cambio. La diputada del Partido Popular, Mercedes Alonso, comentó que en un Estado de Derecho la división de poderes es fundamental, a la vez que respetaban la resolución pero no la compartían. “Hay que iniciar las medidas legislativas correspondientes para cumplir los acuerdos de Estambul cuanto antes, tal y como se refleja en el pacto contra la violencia de género”, procedió explicando Alonso. Una modificación de la propuesta originó la disconformidad de Raquel Pérez que les llegó a decir que hicieran lo que quisieran con su mayoría comprada con un tránsfuga que no representa a nadie, en alusión a Fernando Sepulcre, y desde la bancada de Compromís estuvo de acuerdo con Izquierda Unida, aclarando que la división de poderes no tiene potestad el legislativo sobre el judicial pero ninguno de estos poderes están al margen de cualquier crítica social o política. El presidente de la Diputación, César Sánchez, intervino con motivo de la divergencia creada y para puntualizar el posicionamiento de su partido con la repulsa absoluta a lo ocurrido, todo el apoyo a las familias de la víctima y la necesidad de emprender un debate para cambiar la legislación para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, manifestó Sánchez. “Nuestro papel como institución debe de ser de respeto a las instituciones y que por supuesto, tiene que haber crítica social, pero no es lo mismo, la critica social que se produzca en la sociedad que la que pueda emanar de una institución, que es nuestra opinión, nuestro criterio y nuestro punto de vista debe ser de respeto como institución, a otra institución como es el poder judicial”, aclaró Sánchez. Finalmente, acordaron por unanimidad instar al Congreso de los Diputados a realizar una reflexión profunda y seria, respecto a un Código Penal que no protege de forma efectiva a las mujeres de las violaciones ni de las múltiples expresiones de violencia a las que deben enfrentarse.

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Otro de los puntos respaldado por todos los grupos políticos, a excepción de EUPV, la adjudicación de la contrata de limpieza de los centros y dependencias de la Diputación de Alicante, Fundación de la Comunidad Valenciana Marq, Fundación de la Comunidad Valenciana ADDA y organismo autónomo Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero al licitador Fomento de Construcciones y Contratas. Por otra parte, durante la sesión plenaria se han aprobado las bases de los premios literarios “Enric Valor“, anualidad 2018, y “Azorín“, para el ejercicio 2019, así como la convocatoria destinada a colaborar con los ayuntamientos para dotar a sus municipios de mobiliario urbano, con una partida de 75.000 euros. Anteriormente al pleno, César Sánchez se reunió con los portavoces de la oposición para consensuar la distribución de las inversiones financieramente sostenibles.

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