El ayuntamiento de Santa Pola acaba de hacer público un comunicado en el que explica y detalla que se le ha comunicado la “apertura del procedimiento judicial nº 1614/2021, mediante auto emitido por la titular del juzgado de instrucción nº 3 de los de Elche (Alicante) en fecha 25 de Mayo del 2021, en la que se pone al descubierto la existencia de hasta 7 personas investigadas, entre las que existen políticos, ex concejales, funcionarios, etc… en la posible comisión de gravísimos delitos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FALSEDAD DOCUMENTAL, REVELACIÓN DE SECRETOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en relación con el desarrollo del proceso selectivo de una plaza de inspector de la Policía Local“.
El comunicado deja constancia de la postura del ayuntamiento en el “firme compromiso de defender la legalidad y los intereses del pueblo de Santa Pola”. Además, deja entrever que esta ha sido su postura desde el primer momento en que salieron a la luz las presuntas irregularidades que ahora llevan a la investigación de estas siete personas tras las pertinentes averiguaciones. “…soportando presiones tremendas y manteniendo el máximo respeto a las resoluciones judiciales que se produzcan”, aclara el escrito.
El origen: las irregularidades en una plaza para Inspector de la Policía local
La nota relata el origen de los hechos que han finalizado con la apertura del procedimiento judicial y que se remiten a “la denuncia interpuesta por el Letrado Asesor Jurídico Externo del Ayuntamiento de Santa Pola, tras detectar una serie de irregularidades que le llevaron a describir y denunciar un presunto fraude cometido en la realización del proceso selectivo de una plaza de inspector de la Policía Local, lo cual ha llevado a una investigación que se ha alargado mas de 8 meses por parte de la Guardia Civil y cuyas conclusiones finales confirman los indicios inicialmente planteados y la posible perpetración de unos graves delitos que afectan directamente como perjudicado al Ayuntamiento de Santa Pola.“
Esto han llevado al ministerio fiscal representado por el Fiscal Anticorrupción de la Provincia de Alicante a solicitar como investigados hasta 7 personas involucradas en la trama y a la titular del juzgado de instrucción nº 3 de los de Elche (Alicante), a dictar un auto con la apertura de esta causa frente a estas 7 personas investigadas por los delitos citados anteriormente.
Un segundo opositor afectado
La apertura de este procedimiento judicial, será inmediatamente puesto en conocimiento del resto de juzgados afectados, tanto administrativos como la propia Audiencia provincial de Alicante sección 7ª, que llegó a dictar una medida cautelar provisional, para la inscripción del interesado D. Iñaki Cantonnet Vicuña en el curso selectivo del Instituto Valenciano de Seguridad Pública, lo cual supondría un grave perjuicio para un segundo opositor de buena fé, que según consta igualmente superó las pruebas de la oposición, siendo el propio tribunal de la misma el que levantó acta reconociendo este hecho y debiendo por tanto continuar el proceso selectivo que aún no ha terminado.
Este segundo opositor que tiene derecho a optar a la plaza, ya ha acudido en busca de amparo judicial por este motivo.
“Presiones” y defensa de la legalidad
El escrito ahonda en la defensa “…para que se cumpla la legalidad del proceso selectivo”, y destaca que este hecho “ha supuesto para recibir una serie de presiones que han llegado a bloquear incluso el normal funcionamiento de la administración municipal, con una estrategia jurídica y administrativa por parte del Sr. Cantonnet Vicuña y el apoyo de determinados grupos políticos de la oposición municipal, que han saturado la administración con cientos de solicitudes de documentos y jurídicamente con la capacidad demostrada (económica y jurídica de los interesados), abriendo numerosos contenciosos administrativos, querellas personales, recusaciones constantes, etc… que a la vista de la documentación aportada ahora por el juzgado de instrucción nº 3 de los de Elche y la presunta existencia de una TRAMA para la obtención de esta plaza de inspector, podría significar que todas las presiones recibidas y toda la manipulación mediática realizada por determinados medios de comunicación, no han significado sino una estrategia procesal, jurídica y mediática para apartar el foco de la verdadera realidad, que a la vista de los nuevos datos judiciales recibidos, podría ser encubrir un fraude y todos los graves delitos que ahora salen a la luz y que podrían causar un grave perjuicio a la administración municipal y a ciudadanos interesados de buena fé”.
“Con las investigaciones de la Guardia Civil y la apertura de un procedimiento judicial donde hasta 7 personas figuran como investigadas por unos delitos gravísimos relacionados con el proceso selectivo de la plaza de inspector de la policía local de Santa Pola, se constata y se refuerza que los esfuerzos realizados por esta administración para defender la legalidad del proceso no han sido en vano y ahora será la administración de justicia la que resuelva dentro de un ámbito penal”, concluye uno de los apartados del escrito.
Sin datos por respeto a la presunción de inocencia
El Ayuntamiento de Santa Pola, desea dejar constancia del máximo respeto a la presunción de inocencia de todos y cada uno de los investigados y por ello “no facilitará ningún dato personal de ninguno de los investigados ni de sus cargos, dado que entendemos que debe primar este derecho en estos momentos del proceso y que sea el procedimiento judicial que arranca a partir de ahora, el que delimite la responsabilidad de cada uno de ellos, evitando con ello una “condena social y mediática” que difícilmente después pueda tener reparación”, aclara el comunicado del consistorio.
