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Fiscalía pide procesar al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, por despedir a una funcionaria

La Fiscalía ha pedido a la juez que procese al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, como presunto autor de un delito de prevaricación, al considerar que despidió de forma arbitraria a una funcionaria interina por ser cuñada del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala.

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La Fiscalía ha pedido a la juez que procese al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, como presunto autor de un delito de prevaricación, al considerar que despidió de forma arbitraria a una funcionaria interina por ser cuñada del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala.

Según han informado fuentes de la acusación pública, el fiscal encargado del caso, José Llor, considera que el alcalde incurrió en una “grave desviación de poder” y tomó una resolución injusta como represalia contra Barcala tras haberle denunciado por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Sin embargo, el fiscal ha pedido en su escrito, remitido ayer al Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, que se archive el procedimiento respecto del concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, también del PSPV-PSOE, que se encontraba investigado en esta causa, porque no aprecia dolo en su actuación.

Echávarri ya está procesado, junto a dos de sus asesores, en el denominado ‘caso Comercio’ en el que se le atribuye una presunta prevaricación por el supuesto fraccionamiento de 14 facturas cuando era concejal responsable de ese área por un valor conjunto de unos 144.000 euros.

Tras conocer que la sección segunda de la Audiencia de Alicante había confirmado su procesamiento por el ‘caso Comercio’, Echávarri anunció en una comparecencia ante los medios que solo dimitirá cuando se le abra juicio oral y siempre y cuando la actual vicealcaldesa, Eva Montesinos (PSPV-PSOE), tenga los apoyos necesarios en la corporación municipal para sucederle.

Por lo que respecta al asunto de la funcionaria interina, ésta fue despedida en abril del pasado año y readmitida en su puesto unas semanas después a petición del pleno del ayuntamiento. El alcalde sostiene que el despido fue legal porque su situación laboral suponía un “fraude de ley”, al desempeñar funciones diferentes a las que habían motivado su contratación sin cargo a plaza.

Echávarri ha negado tanto en fiscalía como en el juzgado de Instrucción 2 de Alicante que esta decisión respondiera a una venganza personal contra el portavoz del grupo popular por haberle denunciado en el ‘caso Comercio’.

No obstante, el cese de la trabajadora, que está adscrita a la Concejalía de Cultura y desarrolla su labor en un centro expositivo de la ciudad, se produjo días después de que Barcala presentara dicha denuncia.

Barcala: Desde que gobierna Echávarri, todos los días son martes y 13

El portavoz del PP en el ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha pedido al PSPV-PSOE que obligue a dimitir “inmediatamente” al alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, por despedir “por venganza” a una interina, y ha comentado que desde que el socialista gobierna “todos los días son martes y 13”.

El popular hizo estas declaraciones ayer tras conocer que la fiscalía ha pedido a la juez que procese al alcalde por un presunto delito de prevaricación, al creer que despidió de forma arbitraria a su cuñada, una funcionaria interina, precisamente por ser su allegada.

En un comunicado, Barcala ha señalado que si el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, “es incapaz de tomar decisiones y hacer dimitir inmediatamente al alcalde, entonces deberá hacerlo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez”.

“Hoy es martes y trece, pero es que desde que gobierna en esta ciudad el PSOE con el señor Echávarri todos los días son martes y trece en Alicante”, ha opinado Barcala.

“No han pasado ni 24 horas para que los tribunales hayan vuelto a dar un nuevo varapalo al señor Echávarri, alcalde de Alicante, en esta ocasión por algo tan vergonzoso como es el de despedir por venganza a una funcionaria interina, con la única finalidad que tratar de hacer daño a mi persona y al PP”, ha apuntado.

Para Barcala, el despido supuso “una medida claramente coercitiva y un abuso en respuesta a la denuncia (presentada por el PP) por la que ya está procesado por trocear contratos”.

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