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viernes, 29 marzo 2024

La Diputación recurrirá el decreto contra el trasvase Tajo-Segura

Carlos Mazón califica de "nuevo atropello" el decreto aprobado en Consejo de Ministros que modifica las reglas de explotación del Tajo-Segura

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha calificado de “nuevo atropello” el Real Decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros. Con este decreto se modifican los parámetros de las reglas de explotación del Tajo-Segura. “Se trata del siguiente clavo en la mortaja del trasvase”, ha asegurado Mazón. “Se consuma una de las decisiones más lesivas de la historia para la provincia de Alicante en el período democrático”, sentencia el presidente.

“Hoy alzamos la voz, nuestra acción, nuestro reproche, nuestra movilización, nuestros recursos y todas y cada una de las herramientas e instrumentos tanto jurídica, como política, social, mediática y organizativamente, de movilización y protestas”, ha afirmado. El dirigente alicantino ha avanzado que se ha puesto en marcha “la maquinaria judicial, desde el asesoramiento técnico y jurídico de la Mesa Provincial del Agua. Los primeros informes están en manos de ASAJA y de los miembros de este órgano para interponer los recursos correspondientes”.

Se reduce de 38 a 27 hectómetros cúbicos el trasvase mensual

Carlos Mazón ha detallado las acciones que emprenderá, junto a los regantes y agricultores alicantinos. Este Real Decreto supone la reducción de 38 a 27 hectómetros cúbicos el trasvase mensual. Por eso, el presidente de la Diputación de Alicante ha recordado que las alegaciones y acciones se sustentan en datos científicos. “No es una pataleta ni una defensa irracional de los derechos de una tierra, sino de datos de rigor científico y académico, más allá de los valores de solidaridad, justicia, ecología y de evitar el cambio climático que están saltando por los aires con la consumación de la decisión del Gobierno de España”, afirma Mazón.

Una de las consecuencias de esta decisión es que habrá menos caudal para distribuir entre el sector agrario. De este modo, se tendrá que incrementará el agua desalinizada. Esto encarecerá el precio del agua, pasando de 15 a 60 céntimos por cada m2. Además, esto también pasará factura en el coste ambienta, pues producir el agua desalinizada es cinco veces más cara debido a las emisiones de CO2.