El alcalde de Elche, Carlos González, acompañado los concejales Esther Díez y Héctor Díez, ha dado a conocer el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre el expediente de resolución del contrato del nuevo Mercado Central.
Un dictamen que, tal como ha señalado el alcalde, concluye “con absoluta claridad y nitidez” que procede acordar la resolución del contrato por la vía del artículo 223/6 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público”.
González, ha añadido que el informe del Consell Jurídic determina que con los efectos establecidos en el artículo 225/5 que viene a ser el derecho a recibir una indemnización del tres por ciento de la prestación dejada de realizar.
El regidor ha indicado que el dictamen ha sido remitido a los servicios jurídicos municipales para realizar un análisis en profundidad del mismo, no obstante, ha avanzado algunas de las cuestiones importantes que se recogen en el mismo, “argumentos contundentes y claros que vienen a dar la razón al Ayuntamiento en nuestra pretensión de rescindir el contrato del Mercado Central”.
En primer lugar, González ha destacado que “las modificaciones que habrían de ser realizadas para cumplir el contrato exceden con creces los límites máximos establecidos por la ley”.
Este era uno de los argumentos fundamentales sostenidos por el Equipo de Gobierno Municipal en el escrito en el que se exponía la necesidad de rescindir el contrato.
El alcalde ha explicado que “las modificaciones que habría que realizar para compatibilizar la protección patrimonial con la ejecución del proyecto exceden con creces las previsiones máximas establecidas por la ley”. Ha añadido que el informe dice que la empresa no ha llegado a aportar ninguna justificación que pruebe que los cálculos municipales no son correctos.
En segundo lugar, el informe expone que “en modo alguno puede calificarse la decisión de resolver el contrato como una decisión discrecional, unilateral o injustificada, al traer causa de razones de interés público sobradamente contrastadas. Frente a lo que se ha dicho desde diversos sectores, es evidente que ha sido una decisión fundada absolutamente necesaria en defensa del interés público”.
Otro de los argumentos que pone sobre la mesa el dictamen es que “resulta acreditado que la continuidad de la ejecución del proyecto supone la posibilidad cierta de que se produciría una lesión grave al interés público. Es decir, el Consell Juridic dice que de haber continuado con la ejecución del contrato en los términos iniciales hubiera producido ‘de forma cierta’ una lesión grave al interés público”.
Tal y como ha explicado el alcalde, estos argumentos ponen de relieve que la decisión del Equipo de Gobierno de resolver el contrato del Mercado Central era una decisión “justificada, sobradamente argumentada y necesaria para proteger el Misteri y el Refugio de la Guerra Civil, lo cual, es un respaldo inequívoco a la decisión del Equipo de Gobierno de resolver un contrato que, tal y como dice el dictamen del órgano autonómico, era lesivo para el interés público y perjudicial para los intereses de nuestra ciudad”.
Ante este dictamen, el alcalde ha apuntado que ahora procede seguir adelante con el proceso administrativo de resolución definitiva del contrato del Mercado Central con el aval del Consell Juridic Consultiu. “Se trata de un aval jurídico que tiene una proyección política, porque da la razón a los argumentos del Ayuntamiento”.
Por su parte, la concejala de Movilidad y medio Ambiente, Esther Díez, ha señalado que “el dictamen lo que dice es que el planteamiento del Ayuntamiento era correcto y apunta que, desde luego, el patrimonio está por encima del contrato, argumentando literalmente que es evidente la afectación del contrato desde el punto de vista patrimonial y que proteger ese patrimonio supone unos cambios en el proyecto que hacen inviable el contrato”.
Díez ha destacado además que “el Consell Jurídic dice que la irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento hubiera sido permitir que el contrato siguiera adelante. Así pues, estamos haciendo lo correcto. Estamos protegiendo el interés público, el patrimonio de los ilicitanos e ilicitanas y que lo que procedía desde el punto de vista legal era llevar a cabo la rescisión”.
