El miércoles 4 de octubre, Unipost y la Administración concursal -Jausas Legal y Tributario SLP-, comunicaron por correo electrónico a las organizaciones sindicales, su intención de iniciar un proceso de despido colectivo, basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y que afectaría a trabajadores/as de distintos centros de trabajo de todo el territorio nacional.
Posteriormente, el miércoles 11 de octubre, el operador postal Unipost presentó la solicitud de despido colectivo en Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, dando traslado al mismo tiempo a los medios de comunicación como a las organizaciones sindicales de este hecho a través de un correo electrónico.
Según dicha nota “La grave situación económica por la que atraviesa la compañía -en concurso de acreedores- ha obligado a tomar esta medida que afectará a la totalidad de la plantilla, unos 2.200 trabajadores de distintos centros de trabajo de toda España”, además de indicar su intención de dar continuidad a la actividad de Unipost, a través de la venta de la unidad productiva a una empresa del sector o a un fondo de inversión, momento en el cual gran parte de la plantilla podría verse desafectada, manteniendo su puesto de trabajo.
En la primera reunión de la comisión negociadora del período de consultas que tendrá lugar el 18 de octubre, CCOO exigirá a la empresa y a la Administración concursal, las explicaciones necesarias ante este hecho ya que ha sido comunicado a la parte social mediante un comunicado y no donde debía haber sido realizado -en esta primera reunión-.
CCOO ha convocado huelga indefinida y concentraciones de trabajadores/as a nivel estatal en todas las delegaciones de Hacienda en el momento de ser conocedores de la fecha exacta de la primera reunión del período de consultas, el miércoles 18 de octubre.
Trabajadores/as de Madrid, Coruña, Córdoba o Cádiz, entre otros de toda España, han sido llamados a la movilización en defensa de sus puestos de trabajo.
CCOO ha señalado que la nefasta gestión de la familia Raventós en la empresa Unipost ha llevado a la compañía a un concurso de acreedores, donde la única alternativa encontrada por la Administración concursal ha sido el planteamiento de un ERE para toda la plantilla -llegando a la disolución de la empresa- a menos que se concrete la venta en otro operador postal o fondo de inversión, tal y como ya anunciara Jausas Legal en su comunicado a prensa.
El sindicato seguirá insistiendo en evitar la liquidación de la compañía y en la materialización de que el posible comprador de la misma impulse el proyecto empresarial que los gestores de Unipost han sido incapaces de llevar a cabo y que desde luego no ha de pasar por un despido colectivo que disminuya la plantilla actual de 2.400 trabajadores/as y, para ello, no descarta intensificar el proceso de movilización en las próximas semanas.
