Esquerra Unida (EU) solicita provisionalmente sendas penas de 10 años de prisión para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, por amañar presuntamente el diseño urbanístico de la ciudad en favor del empresario Enrique Ortiz, para el que reclama 13 años.
Así consta en el escrito de acusación presentado por este partido por la supuesta trama de corrupción vinculada a la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una de las piezas derivadas del llamado ‘caso Brugal’.
EU, que ejerce la acción popular en el procedimiento, acusa a los dos exalcaldes de tres delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias, por los que solicita, además de los 10 años de cárcel, 19 de inhabilitación para cargo o empleo público.
Además, el escrito recoge que Castedo cometió también un delito continuado de prevaricación por el que debería ser inhabilitada otros 10 años. En cuanto a Enrique Ortiz, EU le acusa de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias y pide para él 13 años de cárcel.
Los tres acusados se enfrentan igualmente a peticiones de multas que solo por el delito de tráfico de influencias alcanza los 42.100.911 euros, una cantidad equivalente al “beneficio perseguido” con el supuesto amaño del plan urbanístico.
Por esta causa serán juzgados otros seis procesados: Virgilio Ortiz (hermano de Enrique Ortiz), los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y tres empresarios (Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez).
Para ellos, EU solicita penas que oscilan entre los 2 años y 6 meses y los 8 años de prisión por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias.
Del mismo modo, la formación pide que los nueve encausados indemnicen de forma conjunta al ayuntamiento de Alicante con un total de 1.339.249 euros, “por el perjuicio acreditado” que le han ocasionado con su actuación.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la otra acusación popular, que ejerce el PSPV-PSOE, y el propio consistorio, que es acusación particular, deberán formular sus respectivas peticiones en el juzgado de Instrucción 5 de Alicante en los próximos días.
