Vergüenzas al descubierto

Josema Valverde es Secretario General de Sant Joan d'Alacant.

El alcalde de Sant Joan, el socialista Jaime Albero, y uno de sus concejales, el de Servicios Sociales, Juan Ramón Martín, de Esquerra Unida, han dejado escrito que los miembros del Partido Popular de Sant Joan no tenemos vergüenza.

¿Por qué estos dos lenguaraces personajes de la política santjoanera han proferido semejante exabrupto hacia los populares? Breve y conciso: por defender los intereses de Sant Joan y sus vecinos. Algo más en detalle: por promover la convocatoria de un pleno extraordinario para solicitar la aclaración de diversos hechos, todos de notoria gravedad. Unos menoscaban la dignidad del Ayuntamiento como institución; otros tienen como consecuencia una merma de las arcas municipales; y, los más delicados, pueden haber supuesto una vulneración de los derechos de trabajadores municipales y de usuarios de los Servicios Sociales.

En dicho pleno extraordinario, celebrado el pasado viernes 22 de junio, el Partido Popular solicitó la reprobación de dos concejales, protagonistas de un lamentable y reprochable comportamiento.

Uno de ellos, el de Servicios Sociales, insultó a una funcionaria, ejerciendo sobre ella una violencia verbal intolerable. El alcalde pasó de puntillas sobre la cuestión, aludiendo al arrepentimiento del protagonista y a la generosidad «inducida» de la trabajadora municipal. Ni la petición pública de perdón del concejal, ni la generosidad de la funcionaria insultada, eliminan la acción del concejal y su responsabilidad.

El otro concejal, el de Régimen Interior y Contratación, es responsable directo de la pérdida de 700.000 € en subvenciones, un perjuicio patrimonial para las arcas municipales que pone a las claras su incapacidad de gestión al frente de sus áreas de gestión.

Siendo esto grave, lo es aún más la acusación vertida sobre su compañero de gobierno: afirma conocer desde hace semanas, por tanto de manera cómplice, la grabación y publicidad, por parte del concejal de Servicios Sociales, de conversaciones telefónicas y presenciales, en el desempeño de sus responsabilidades municipales. Esta forma de proceder, si fuera cierta, puede ser constitutiva de delito. De no serlo, el que podría incurrir en un delito de calumnias es quien acusa en falso.

También le atribuye faltas de respeto continuadas a los trabajadores municipales, y le conmina a cambiar su actitud hacia los usuarios de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Joan.

Todo lo expuesto hasta aquí no es una invención calenturienta de ninguna mente retorcida: son hechos que han sido expuestos públicamente por los propios protagonistas, con luz y taquígrafos. No hay lugar a tergiversación alguna. Se trata de comportamientos tan lesivos para los vecinos de nuestra localidad, que deberían tener la dignidad de dimitir ipso facto. Pero, en última instancia, es el alcalde el último responsable. Estos concejales se integran en su equipo de gobierno y delegó en ellos las competencias que no son capaces de desarrollar con diligencia y respeto.

Llegados a este punto, me resulta inevitable formular dos preguntas:

  • ¿Cómo y quién salvaguarda los derechos de las personas que se han entrevistado, personal o telefónicamente, con el concejal de Servicios Sociales?
  • Si las acusaciones de Manel Giner sobre Juan Ramón Martín no son ciertas, ¿por qué el

Martín no ha emprendido las acciones oportunas para defender su honorabilidad?

Las explicaciones ofrecidas en el pleno por el alcalde, y por los protagonistas de estos hechos, fueron risibles e insatisfactorias: para Albero, se trata de una mera diferencia de pareceres de sus concejales; son cosas que se dicen en momentos de acaloramiento. ¿La acusación de haber cometido un presunto hecho ilícito es una simple diferencia de puntos de vista, que no merece ser investigada de inmediato?

El concejal Giner aprovechó el pleno para pronunciar un mitin a mayor gloria de su propia persona y de su gestión al frente del área de Régimen Interior y Contratación. Al margen de esta gratuita loa de sí mismo, nada explicó acerca de la pérdida de 700.000 € en subvenciones, por motivos de los que no debería vanagloriarse, como, por ejemplo, la presentación de solicitudes fuera de plazo, o la minoración de los importes recibidos por falta de justificación, con la consecuente obligación de devolver el dinero no justificado.

Y el edil Martín, ¿qué decir de él? Ha encontrado en Facebook la herramienta pintiparada para dar rienda suelta a su incontinencia verbal, sembrando de patrañas sus escritos. Más le valdría despejar cualquier tipo de duda sobre su gestión al frente de los Servicios Sociales de Sant Joan. Ha sido acusado de hechos gravísimos por un compañero del equipo de gobierno. Le recuerdo la cita del sabio refranero: «el que calla, otorga».

No se produjo la reprobación de los concejales Martín y Giner: el voto en contra de PSOE, IU y Decido, y la abstención de Compromís, Ciudadanos y del concejal no adscrito, Ignacio Gisbert, lo hicieron imposible. Lo que equivale a dar cobertura política a los hechos descritos.

Volvamos al principio de este artículo: ¿quién no tiene vergüenza?

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