El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a rechazar la petición de una plataforma para que el Ayuntamiento de Callosa de Segura paralice la retirada de una cruz franquista en este municipio.
El alto tribunal valenciano ha desestimado la solicitud de esta medida “cautelarísima” demandada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz porque ya se pronunció sobre este asunto el pasado día 2 en una sentencia y un auto en respuesta al mismo colectivo.
El consistorio, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, retiró durante la madrugada del pasado 29 de enero el monumento de homenaje a los caídos, situado junto a la Iglesia arciprestal de San Martín. Una vez extraída la cruz, y cuando los operarios iban a hacer lo propio con el pedestal que la sustentaba, el TSJCV aceptó un recurso de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz y ordenó el cese inmediato de los trabajos.
Sin embargo, la misma sala, la sección primera de lo Contencioso-Administrativo, emitió el pasado 2 de febrero un auto y una sentencia por los que autorizaba al ayuntamiento a concluir la operación. Los magistrados levantaron las restricciones anteriores, aunque obligaban al consistorio a custodiar adecuadamente todos los elementos del monumento para “que sea perfectamente viable la reconstrucción del conjunto” si la Justicia, cuando resuelva el fondo del pleito, da la razón a la entidad recurrente.
Para el TSJCV, la retirada de la polémica cruz no produce daños irreparables, porque no va a ser destruida, sino sometida a una delicada “deconstrucción” por piezas. Será el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche el que deba emitir una sentencia sobre el fondo del asunto y determine si la decisión del tripartito que gobierna Callosa de Segura (PSPV-PSOE, EU y Somos Callosa) vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa, como sostiene la plataforma.
La sentencia que dicte el juzgado ilicitano, que ya ha avalado con anterioridad la aplicación en este caso de la Ley de Memoria Histórica, podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso del TSJCV, órgano que decidirá posiblemente el destino final del monumento.
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz presentó el pasado martes un escrito ante la sección primera de lo Contencioso del tribunal autonómico para reclamar de nuevo la paralización de los trabajos de desmontaje.
En concreto, el colectivo pedía a los magistrados que prohibieran al equipo de gobierno continuar “con la demolición de la cruz y/o pedestal”, e impidiera así su “destrucción total o parcial y/o su pedestal y traslado a vertedero o cualquier otro lugar” hasta que se dictara una sentencia firme.
El TSJCV ha desestimado esa pretensión en un auto donde se remite a la sentencia y el auto anterior, de fecha 2 de febrero, por los que autorizó a la corporación municipal a concluir el desmontaje del monolito.
