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viernes, 29 marzo 2024

Los pactos del odio

Josema Valverde es secretario general del PP de Sant Joan d'Alacant.

Es conveniente aclarar que la honradez no es una cualidad colectiva, sino individual. Categorizar al colectivo tomando solo una parte del mismo es injusto e intelectualmente inaceptable. Viene esto a colación de la sentencia por el caso Gürtel, conocida el pasado jueves, y por el revuelo político generado a continuación. Los que afirman que el Partido Popular es un partido corrupto, como lo ha hecho «el peor alcalde de la historia democrática de Sant Joan», se dejan llevar, una vez más, por su fobia al partido político con la militancia más numerosa de España. La sentencia Gürtel declara al Partido Popular, como entidad jurídica, responsable civil subsidirario, como lo puede ser una administración pública por actos realizados por sus funcionarios, o un padre por los cometidos por un hijo menor de edad. ¿Sería corrupto un alcalde, o el Ayuntamiento que preside, si uno o varios de sus funcionarios se sirvieran de su cargo para enriquecerse personalmente de manera ilícita? Es obvio que no.

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Seamos claros: los condenados ahora por la Justicia, Bárcenas y compañía, han hecho mucho daño. A los que más, a los militantes del propio Partido Popular, que trabajamos desinteresadamente al servicio de la sociedad española y que, a cambio, obtenemos castigo en las urnas y desprestigio en la calle y en los medios de comunicación. No solo eso, sino que también asistimos a la fuga de intención de voto hacía partidos políticos oportunistas que no han demostrado en política ninguna otra cosa más que ponerse de perfil, evitar tomar postura concreta en cuestiones delicadas y ser adalides de la abstención.

El gobierno de España, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza, ha puesto en marcha numerosas medidas, nunca antes conocidas, para combatir y atajar la corrupción política y económica. Es en ese marco de tolerancia cero hacia la corrupción en el que se han desenvuelto las investigaciones policiales y judiciales que, progresivamente, han ido separando de nuestra sociedad a aquellos que traicionaron miserablemente la confianza que se les otorgó para que ejercieran de gestores de la cosa pública.

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La Justicia es menos justa cuanto más tarda en aplicarse. Conocemos ahora la sentencia que condena hechos acaecidos hace más de quince años. Es, por tanto, una sentencia anacrónica, no se corresponde con el tiempo político, económico y social en el que nos encontramos. El gobierno del Partido Popular, adoptando medidas muy difíciles, la mayoría de ellas impopulares, contando con el esfuerzo titánico de tantos y tantos españoles, ha sacado a España de la crisis económica más severa que hemos conocido, recuperando los niveles de empleo anteriores a la misma, y relanzando al país a un ritmo de crecimiento impensable en diciembre de 2012, cuando Rajoy asumió la responsabilidad del ejecutivo. Lástima que él y su equipo no sepan capitalizar como podrían y debieran ese indudable éxito en la gestión de la crisis económica en la que nos hundió el socialista Zapatero.

Pues bien, precisamente en este momento, solo ensombrecido por el empecinamiento del soberanismo catalán en romper la unidad de España, aquellos que no fueron capaces de acceder al gobierno de España a través de los votos obtenidos en las urnas, utilizan una sentencia, tan justa y necesaria como extemporánea, como excusa para presentar una moción de censura. Hace tres días que los Presupuestos Generales del Estado presentados por el gobierno del Partido Popular obtenían un apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados. Y, paradójicamente, hoy nos encontramos en la prensa con cálculos y cábalas sobre los apoyos con los que cuenta Sánchez para convertirse en presidente del Gobierno.

¿Cuál es el proyecto de Estado que tiene Pedro Sánchez? Ninguno. ¿Qué une a las fuerzas políticas que pretenden desalojar al Partido Popular del Gobierno de España? Solo una cosa: el odio a los populares. Ya sabemos cuál es el resultado de los «pactos del odio»: lo hemos vivido en Sant Joan. Equipos de gobierno divididos, permanentemente a la greña, ineficaces, incapaces de gestionar con solvencia, parálisis institucional y pérdida de calidad y cantidad de servicios al ciudadano. También hemos sido testigos de otro de esos pactos en la Comunitat Valenciana, cuyo fruto es un gobierno sectario a más no poder, que utiliza la lengua para dividir a los valencianos y que ha hecho de la educación vergonzante instrumento de manipulación.

¿Está dispuesto Pedro Sánchez a solicitar y aceptar el apoyo del partido del prófugo Puigdemont? El partido al que pertenece el recientemente nombrado President de la Generalitat de Cataluña, un tal Joaquim Torra, calificado muy acertadamente por Pedro Sánchez como racista, por sus actitudes y declaraciones. Sería un ejercicio de incoherencia imposible de explicar por el dirigente socialista, que evidenciaría aún más su total carencia de sentido de Estado habiendo presentado su oportunista moción de censura.

No es momento de sembrar odios y satisfacer veleidades. Es tiempo de afianzar la recuperación económica, de construir progreso y de frenar el desafío independentista. Y para esto, el Partido Popular es imprescindible.