Aporofobia, el miedo u odio a los pobres, término nuevo recién incorporado al diccionario de la RAE, ha sido elegida palabra del año 2017. Fue inventada por Adela Cortina para resaltar que el rechazo a los inmigrantes o refugiados no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres.
Las larguísimas fiestas navideñas son siempre polémicas. Temas recurrentes son las luces en las ciudades, las mascletás, el vestido de los magos, el color de los pajes, la participación de mujeres en la cabalgata… Pocas reflexiones sin embargo sobre las personas que las pasan en la calle, durmiendo en un cajero o refugiados en un esqueleto de edificio sin paredes, sin luz, sin agua, sin calefacción. Y eso a pesar de que la Navidad es precisamente el relato de una familia sin techo que se ve forzada a ocupar un establo. Alguien dijo que la noche más buena sería aquella noche en que nadie se acueste sin cenar, pero qué lejos queda esa utopía. La visibilidad de la pobreza extrema molesta y provoca el rechazo, no de la pobreza, si no de su visibilidad.
Según la Comisión Europea, España está en situación crítica en ocho indicadores sociales. El nivel de desigualdad es obsceno, con el 20% de la población más rica ganando como media 6,6 veces más que el 20% de la población más pobre. La población en riesgo de pobreza alcanza el 28%, casi 3 de cada diez personas, más de trece millones de individuos en términos absolutos. Cada día los centros de atención a personas sin hogar dan cobijo a más de 16000. A pesar de la desaceleración, los desahucios se siguen produciendo a un ritmo de 22 diarios y eso solo en la Comunidad Valenciana.
La más paradójica consecuencia de la crisis inmobiliaria fue llenar las ciudades de gente sin casa y de casas sin gente. Sólo en la ciudad de Valencia, gobernada por uno de los ayuntamientos del cambio, hay 82.000 familias que o no tienen vivienda o la que tienen, en propiedad, alquilada u ocupada, se encuentra en condiciones indignas. Al mismo tiempo hay censadas unas 65.000 viviendas vacías, pero el 70 % de los pisos de alquiler están por encima de los 600 euros al mes, y los alquileres sociales casi han desaparecido.
Cruz Roja, Oxfam y otras organizaciones, no dejan de alertar de que, a pesar de la llegada de fuerzas progresistas a muchos ayuntamientos, la situación de la vivienda no está mejorando sensiblemente. Ciertamente la Plataforma Stop Desahucios ha conseguido con la dación en pago aliviar la situación de las familias que no podían hacer frente a su hipoteca, que han podido acogerse desde 2014 a la posibilidad de un alquiler social de hasta tres años, dependiendo de la entidad bancaria, a cambio de su vivienda. Pero, una vez vencido el plazo de tres años, irremediablemente las familias se queda sin su casa y tiene que buscarse el modo de solucionar su situación. Del mismo modo, si la hipoteca fue ejecutada antes de 2014, como la dación en pago no tiene efectos retroactivos, la familia desahuciada se queda en la calle y su vivienda pasa directamente a manos de la entidades bancaria.
Actualmente el problema más grande con la vivienda es la cantidad de personas que, al persistir la crisis, se están viendo forzadas a ocupar una vivienda. Solo la Administración pública puede dar una solución a esta masiva situación precaria. Normalmente estas familias atrapadas por la exclusión social pueden recurrir a tres entidades oficiales: los Servicios Sociales del Ayuntamiento, el EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat) o el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante.
Los Servicios Sociales suelen conceder una ayuda económica durante seis meses o un año para el alquiler, sobre todo si hay menores de edad por medio, pero actualmente es casi imposible acceder a un alquiler en el mercado de la vivienda sin unos ingresos justificables, que es la realidad de la mayoría de las personas en esta situación. El Patronato Municipal de la Vivienda ni siquiera admite solicitudes sin el aval de una nómina, de modo que se convierte de hecho más una agencia de alquiler inmobiliario que en un organismo de asistencia social.
El EIGE por su parte tiene en Alicante una lista de espera de solicitudes de miles de familias, mientras que el parque de viviendas de que dispone para alquiler social es mínimo. Ante la inoperancia social de la Administración, que en la práctica no puede ejercer su función de rescate, las familias se ven atrapadas en un círculo vicioso que no les ofrece más salida que la ocupación por necesidad. En muchos casos, la ocupación trae consigo caer en manos de mafias, que se podrían evitar si realmente hubiese alternativas habitacionales para la gente atrapada en el agujero negro de la exclusión social.
Al mismo tiempo, con el vertiginoso incremento del precio de la luz (un 12% este último año), el gas y el agua, caen también en situación de pobreza energética con condiciones indignas de vida. Es decir, se convierten en víctimas potenciales, encima, de la aporofobia. Una política socialmente utilitaria sería la que tuviese capacidad de poner en valor los derechos humanos universales por encima de los intereses particulares, reconociendo que la energía, el agua y la vivienda son derechos básicos que deben ser accesibles y asequibles para todas las personas, garantizando expresamente el rescate del círculo vicioso de la pobreza y la miseria extrema a los colectivos más desfavorecidos.
Las medidas a tomar para alcanzar ese objetivo ya están inventadas: autorizar la dación en pago con efecto retroactivo, ampliar el parque de viviendas públicas, exigir a los bancos que cedan viviendas para alquileres sociales y arbitrar un modo de aceptar transitoriamente a efectos sociales que hay familias que solo pueden ingresar dinero por medios precarios no regulares. Para que esa política sea efectiva, debe ser legislada por las Comunidades Autónomas y aplicada por los Ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Desde los municipios, especialmente, se podría mapear con precisión las bolsas de pobreza, diagnosticar caso por caso y presionar a las entidades bancarias para que contribuyan a solucionar el problema de la vivienda poniendo una parte de su parque inmobiliario, acumulado gracias al desahucio exprés, a disposición de la Administración para ampliar la oferta de vivienda pública, evitando de este modo todas las mafias.
Sin embargo, el Gobierno Central está paralizando, por la vía del recurso al Tribunal Constitucional, todas de las leyes sociales promulgadas por las Autonomías e impidiendo a los Municipios con la ley Montoro dedicar recursos a combatir la exclusión social. Dicho de otro modo, desde la Moncloa se está practicando aporofobia política.