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jueves, 28 marzo 2024

Unas 3.300 familias ilicitanas se podrán beneficiar de la nueva Renta Valenciana de Inclusión

Las ayudas oscilarán entre los 365 y los 700 euros, en función del número de miembros de la familia y de un compromiso de inserción social.

“Unas 3.300 familias ilicitanas pueden ser beneficiarias de forma efectiva de la nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que hoy entra en vigor y que pretende corregir errores de la anterior Renta Garantizada de Ciudadanía”, según indicó ayer la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Tere Maciá.

“El Ayuntamiento ilicitano ha colaborado activamente en el desarrollo de esta ley, que pretende que las familias en riesgo de exclusión social reciban una ayuda mensual y no como sucedía con la Renta Garantizadas de Ciudadanía, en la que a los seis meses de la solicitud llegaba la resolución y no se percibían las cuantías económicas de inmediato”, indicó la concejala.

“Esta ley, además, tiene carácter indefinido, frente a los tres años de la Renta Garantizada. Por tanto, va a mejorar la vida de las personas más vulnerables socialmente, que es lo que pretende el Gobierno Valenciano garantizando recursos económicos para que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades”, explicó Maciá.

“Esta ley recoge cuatro modalidades de renta y en un primer momento se van a tramitar dos de ellas, que son las que afectan a los colectivos que no perciben renta alguna. La ayuda oscila desde los 365 euros hasta los 700 euros que puede llegar a percibir una familia en función del número de miembros y de un compromiso de inserción. Estas ayudas se podrán incrementar un 25% por parte de los ayuntamientos en materia de vivienda”, según indicó la responsable de Bienestar Social.

“El ayuntamiento de Elche ha destinado 34 profesionales a los centros sociales para gestionar las ayudas. Estas personas han recibido cursos de formación y se han dispuesto los medios necesarios para hacer las tramitaciones”, dijo Maciá.

Las ayudas se van a poder cobrar desde el momento en que se realiza la tramitación pero siempre que la resolución pertinente sea afirmativa.