El Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell pide un informe al Consell Jurídic Consultiu sobre la legalidad de que la oposición modifique las dedicaciones y retribuciones del alcalde y los ediles del gobierno.

Un informe de un jurista experto advierte de que la propuesta de la oposición para reducir al mínimo los sueldos carece de motivicación y podría incurrir en una “desviación de poder” e incluso entrar en el “umbral” del delito penal.

El Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell pedirá un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para dilucidar todas las dudas que han surgido en el pleno extraordinario celebrado hoy a propuesta de la oposición (Compromís, Independents de la Marina Alta y el concejal Toni Colomer. El alcalde, Josep Femenia, ha pedido un informe al experto jurista Daniel Agulló Mateu, quien es profesor de derecho en la Universitat d’Alacant, para tratar de aclarar si el punto 4 del pleno cuyo orden del día ha establecido la oposición podía usurpar competencias que son propias del munícipe o incurrir en una “desviación de poder”.

Los otros puntos del pleno extraordinario, los de celebrar plenos ordinarios cada mes, disolver la junta de gobierno y devolver sus competencias al pleno y cambiar la representación de los ediles en los órganos colegiados (ahora los copan los concejales de la oposición), sí se han votado y la oposición ha hecho valer su mayoría y los ha aprobado.

El informe sobre las dedicaciones y las retribuciones advertía de defectos importantes. No se motivaba, según el letrado, que se incluyera este punto en una sesión extraordinaria, dado que podía llevarse a un pleno ordinario. La propuesta de acuerdo no estaba razonada. También precisaba el jurista que el órgano competente para proponer el régimen de dedicaciones y retribuciones es el alcalde, que eleva la propuesta al pleno para su aprobación. Además, incidía el experto en que las retribuciones tienen respaldo legal e incluso están limitadas por la ley y, en este caso, no se justificaba rebajar la dedicación del alcalde al 40 % y que percibiese 600 euros brutos al mes y recortar la dedicación de los ediles con delegación al 30 % y que su remuneración fuese de 250 euros brutos al mes. El letrado también apuntaba que esos porcentajes y emolumentos se antojaban “arbitrarios”.

Otra objeción del experto era que las dedicaciones y retribuciones no se pueden aprobar ahora con efectos retroactivos, que es lo que pretendía la oposición, dado que quería que se aplicaran a fecha 20 de septiembre.

Con todo, el defecto de más alcance que detectaba el jurista era que, al carecer el punto de motivación, podía inferirse que obedecía a razones “personales o políticas” de la oposición. El informe advertía de que si era así y no existía un motivo “lógico y razonado” para rebajar dedicaciones y retribuciones, la oposición podía incurrir en “desviación de poder” e incluso entrar en “el umbral” del delito penal. El experto deducía que los ediles de la oposición podían estar utilizando una vía no legítima para forzar la dimisión del alcalde y sus concejales en lugar de acudir a la herramienta que sí prevé la ley, que es la de presentar una moción de censura.

Ante todas estas dudas, el alcalde ha decidido “suspender” la votación de ese último punto del orden del día. “No estamos negando el voto. Hay dudas jurídicas. Abrimos un periodo de 15 días para que todos los concejales puedan presentar alegaciones y sugerencias y luego remitiremos toda esa información al Consell Jurídic Consultiu para que realice un dictamen”, ha explicado Josep Femenia.

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