La Junta General del Consorcio de Residuos del Plan Zonal 7 Área de Gestión A2 ha aprobado en la sesión plenaria del pasado 15 de noviembre, por unanimidad, el contrato de servicios de tratamiento y eliminación de residuos como solución transitoria. El gasto máximo de este contrato, según la Ley de Contratos de Sector público, es de 11.121.770 euros (IVA incluido) y por un total de 2 años (cerca de 5,5 millones por año). La firma del contrato se rubricó el 22 de diciembre en la Diputación de Alicante por parte de la presidenta del consorcio, Isabel López, y de Jorge Tejedo, representante de la Planta de Tratamiento de RSU ‘Piedra Negra‘. En la firma también ha estado presente el Director General de Cambio Climático, Joan Piquer.
La única oferta presentada ha sido la de CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES S.A, que obtuvo un total de 90 puntos de 110 posibles. El contrato de solución transitoria se ha firmado después de 11 años sin que existiese ningún tipo de acuerdo, siguiendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y publicado en el Diario Oficial de la UE.
Este servicio de tratamiento de residuos ha sido refrendado como solución transitoria hasta la aprobación de un proyecto de gestión integral de los residuos del Plan Zonal. El contrato finaliza el 31 de diciembre de 2019 con la finalidad de que en 2020 se haya tramitado uno nuevo que cumpla los recientes objetivos marcados por la Unión Europea en Gestión y Tratamiento de RSU para ese año. Entre muchos de los objetivos de la estrategia ‘Europa 2020’, está el de convertir la UE en una ‘Economía Circular’, con el fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos.
Algunos de los aspectos que trata la ‘Economía Circular’ es reducir los residuos textiles mediante la reparación y para la reutilización y el reciclado, a través de entidades de inserción laboral. La UE también ve con buenos ojos la implantación de un sistema de depósito, devolución, retorno y sistemas de incentivos con envases de bebidas para evitar su abandono y convertirlos en recursos.
En este nuevo servicio, también se fijan los precios que cada ayuntamiento ha de pagar por tonelada de RSU generado. El precio por tonelada queda fijado en 46,38 euros, reduciendo a 30,14 euros el coste en el caso de la fracción restos de poda, muebles. Es importante señalar que también se ha conseguido que la fracción de orgánico tenga una importante bonificación, costando la mitad y quedando fijado su precio en 23,19 euros por tonelada. De esta manera se hace realidad el objetivo de que “quien más recicla menos paga” y animando a la recogida selectiva y a introducir en la gestión municipal el contenedor marrón para los residuos orgánicos.
Durante la Junta, la presidenta del Consorcio, Isabel López, informó a los representantes de los 37 ayuntamientos sobre dos objetivos que persigue la Unión Europea como es el ‘Residuo 0‘ o la no incineración de los residuos. Este contrato de solución transitoria permite la puesta en marcha de la explotación de ecoparques y de la mejora de la planta de tratamiento de RSU de Piedra Negra en Xixona.
La presidenta del Consorcio, Isabel López, ha destacado en el momento de la firma que “se ha demostrado que la problemática de residuos en la Comunidad Valenciana tiene solución. Se ha llegado a este momento muy importante después de 11 años”. López también añade que “el contrato es una solución transitoria, es decir, que queda mucho trabajo por hacer, pero vamos a hacerla. Tenemos que estar todos los ayuntamientos involucrados”. La presidenta continúa insistiendo que “ya no debemos hablar de residuos de forma negativa sino en el de trabajar en un objetivo claro como es el Residuo Cero”. Después de firmar la solución transitoria, “debemos poner en marcha el Plan de Gestión”.
El director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, ha destacado que “es un día muy importante porque el consorcio asume su competencia que estaba pendiente desde 2006“. Piquer ha felicitado a la Diputación de Alicante y a los Ayuntamientos por haber conseguido esta solución transitoria.
Con qué se van a beneficiar los municipios, directa o indirectamente, con este nuevo contrato?
Los Municipios del Plan zonal tratarán sus residuos a través de este contrato tramitado por el Consorcio, que obliga al cumplimiento de los objetivos de recuperación establecidos por el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, proporcionando cobertura a una relación económica que carecía de ella, especialmente tras la privatización de la empresa titular de la planta de Piedra Negra, en Xixona.
El Consorcio de Residuos del Plan Zonal 7 Área de Gestión A2 está formado por la Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y 37 ayuntamientos de L’Alcoià, El Comtat i L’Alacantí (Agost, Agres, Aigües, Alcócer de Planes, Alcoleja, Alcoy, Alfafara, Almudaina, Alqueria de Aznar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Busot, Cocentaina, Quatretondeta, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Ibi, Jijona, Lorcha, Millena, Mutxamel, Muro de Alcoy, Penáguila, Planes, Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig, Tibi, Tollos, Torremanzanas).